Violentar los derechos laborales, es violentar los derechos humanos

Por: Roselia Núñez

¿Ha pensado alguna vez en una jornada laboral de 11 horas diarias (de 8 de la mañana a 7 de la noche), con un salario mensual de 207.60 dólares, con media hora de permiso para almorzar, no a las 12 del mediodía, sino de 3:00 a 3:30 p.m.? A esto hay que agregarle que si a su jefa o al jefe inmediato se le ocurre que usted trabaje después de las 7 de la noche -su hora oficial de salida- usted debe quedarse y aunque no habrá pago de horas extras debe acatar la orden porque si se niega, corre el riesgo de ser despedida.
El relato anterior corresponde al de una mujer que trabaja en un supermercado de San Salvador, quien en menos de dos minutos me contó todo lo que tiene que soportar -aún sabiendo que es víctima de violación a los derechos humanos-, porque no tiene otro camino. "Mucha gente depende de mí y además, no es tan fácil encontrar otro trabajo". Esta señora de unos 45 años edad, jamás imaginó, que su relato sería la entrada de este artículo que tiene como objetivo recordar, qué son los derechos humanos.

Conocer, recordar y defender las conquistas laborales, significa valorar las gestas reivindicativas de mujeres y hombres que lucharon porque la jornada laboral se redujera a 8 horas diarias de trabajo.
Como contexto vale mencionar que el 1 de mayo de 2010 se cumplieron 124 años de haber logrado dicha demanda, fecha que tiene su origen a partir de las y los mártires de Chicago, quienes lucharon porque se redujera de 10, 12 y hasta 16, a 8 horas diarias de trabajo, las cuales venían pidiendo desde 1860 y que entraría a efecto el 1º de mayo de 1886.

Ciento 24 años después, ¿qué tanto ha cambiado la situación de la clase obrera en materia de derechos humanos?. Ledy Moreno, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos, Laborales y Acceso a la Justicia de ORMUSA, considera que si bien es cierto, existen en el país convenios suscritos y ratificados en materia laboral, existe también un panorama “aún desalentador”.

Posterior a la guerra en El Salvador (1980-1992) surgieron muchas organizaciones de mujeres, tanto a nivel del país como de la Universidad de El Salvador, con el objetivo de defender los derechos humanos de las mujeres y superar las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres en su conjunto.

Pese a ello, el trabajo que estos organismos realizan ha sido muy poco reconocido y como se lee en la Política de Equidad de Género de la UES “limitadamente efectivo por lo que ha avanzado muy poco en el campo de la equidad de género, pese a que El Salvador es uno de los países firmantes de importantes documentos y tratados internacionales”. “Esto se puede constatar de manera general, analizando los siguientes datos: las mujeres constituyen más del 50% de la población nacional y representan el 38% de la participación específica de la economía”, continúa la Política.

A nivel nacional, las quejas mayormente recibidas por los organismos de mujeres que brinda asistencia jurídica a mujeres, son los despidos injustificados, discriminación por maternidad, gritos, maltratos, apropiación y retención de cuotas laborales, cometidas por empresarios de la industria textil, de servicio y comercio a nivel nacional.

Pese a que El Salvador ha suscrito 8 convenios fundamentales para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los cuales es el convenio 89, relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria, este es uno de los sectores donde mayormente se dan violaciones hacia las mujeres quienes son obligadas a laborar semanalmente hasta 67 horas. “Si me niego a hacer horas extras corro el riesgo de discriminación en cuanto a bonificaciones y en el peor de los casos hasta de ser despedida”, dice Roxana, trabajadora de una de las zonas Francas de San Salvador, que prefiere omitir su apellido por temor a represalias por parte de la patronal.

Por otro lado, están también los convenios 100 y 111 de la OIT, los cuales promueven la igualdad de oportunidades, en cuanto que se busca la no discriminación económica por sexo, edad o etnia que afecta sobre todo a las mujeres.

El Convenio 100 exige la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por trabajo de igual valor desempeñado, mientras que el 111, combate la discriminación en el empleo y la ocupación. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL del año 2007 lo confirman, donde se lee que las mujeres perciben 23% menos salario que los hombres.

Los convenios 89, 100 y 111 de la OIT han sido ratificados por la Asamblea Legislativa y forman parte de la legislación laboral que tanto el Estado Salvadoreño como las personas empleadas y empleadoras están en la obligación de cumplir y hacer respetar.

Ledy Moreno recuerda que durante la crisis en los años 2008 y 2009, la gente denunciaba mucho el trabajo de horas extras, así como el trabajo obligatorio los días sábados y domingos para sacar la producción, sin ninguna remuneración económica, una violación a los derechos laborales llamada precarización del empleo.

En el marco de la crisis, a las personas no les importa que le violenten sus derechos laborales, ya que por la necesidad de comer, pagar las deudas, casa, educación y salud, lo aguantan, tal y como sucede con el caso que se expuso al inicio de este artículo. Pero cuál es el panorama del país en materia de derechos laborales.

“Acá existe impunidad y yo le he denominado impunidad laboral, ya que el sector empresarial sigue haciendo lo que le da la gana con las personas empleadas”, dice Moreno. En ese sentido, hace falta crear condiciones en el país en materia de políticas públicas, con un nivel de interpretación y de voluntades políticas que permitan crear acciones acertivas de aquello que se necesita y que están obligadas por ley a prestar cada una de las instituciones a trabajadoras y trabajadores.

Otro aspecto también es la falta de información y tomando en cuenta que el conocimiento es poder y “que por lo tanto nos empodera frente a las diferentes vicisitudes que nos podamos enfrentar en el ámbito público y privado y que por lo tanto nos coloca en una condición distinta frente a esos procesos”, es importante conocer, ya que “en la medida que conozco, logro identificar que estoy frente a una violación de mis derechos como persona”, agrega Moreno.

Solicitan aprobación de 12 horas laborales

Aunado a lo anteriormente explicado en cuanto a incumplimiento de los derechos laborales, está la propuesta que hiciera la Cámara de la Industria Textil y de la Confección (CAMTEX), de legalizar la modalidad de trabajo denominado 3,5 x 3,5, a través de la cual obligaría al sector trabajador a laborar doce horas diarias.

La propuesta recibió un rechazo rotundo por parte de la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres CEDM, ya que permitir, aprobar y validar dicha propuesta implica retroceder 124 años en materia de derechos laborales y en consecuencia de derechos humanos.

Ante esta propuesta, Ledy Moreno hace un llamado a mantenerse vigilante, ya que además de implicar un retroceso, ésta va en detrimento de la clase trabajadora, además de correr en riesgo que posteriormente pueda ampliarse a otros sectores económicos del país.

Al mismo tiempo realizó un llamado al sector empresarial a fin de que vean a las personas como sujetas de derechos y no como objetos. Los derechos humanos son atributos o garantías que corresponden a la humanidad. Estos duran toda la vida y ahí están incluidos también los derechos económicos, políticos, culturales, laborales, de educación, salud, medio ambiente y derecho a la paz, entre otros.

Los derechos laborales son garantías que permiten a las personas empleadas, desarrollar de manera adecuada las funciones laborales. De acuerdo a la ley, son aquellas garantías que regulan la relación entre empleadoras y empleadores y entre trabajadoras y trabajadores.

En el informe flexibilidad laboral violenta derechos laborales en Centroamérica: tendencias y casos, presentado este año 2010, se lee entre muchas otras cosas que, “el Estado para dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos, tiene la obligación de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción…” “De modo que, el Estado puede resultar responsable de la violación de los derechos, si elude sus deberes de regular las relaciones entre particulares y de velar para que en estas relaciones se respeten los derechos humanos”, continúa el informe presentado por el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES) y la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral.

Hacia una ley de igualdad

Con el objetivo de hacer real uno de los principios que rigen la Constitución de la República, la igualdad, el 8 de marzo de este año 2010, la Concertación Feminista Prudencia Ayala, que aglutina a diversas asociaciones, movimientos y personas independientes del país, presentó ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres de El Salvador.

Evangelina García Prince, consultora encargada de guiar el proceso, explicó en aquel momento que esta es una ley que brinda orientaciones necesarias para que el Estado Salvadoreño haga efectiva la igualdad en todas las políticas públicas.

En términos generales, el documento detalla los principios generales y criterios de orientación de la Política de Igualdad y No Discriminación de hombres y mujeres en Materia de Educación, incluyendo la educación superior, la formación profesional, vocacional, artística y deportiva.

Sobre los Derechos Económicos y Laborales, señala la responsabilidad de asegurar la participación económica y acceso al empleo bajo los principios de igualdad y no discriminación entre las personas, señalando el acceso al créditos blandos, beneficios fiscales, no discriminación por sexo, acceso al empleo de calidad, eliminación de brechas salariales, garantías de derechos (destacando especialmente el reconocimiento de los derechos laborales para las trabajadoras domésticas), entre otros.

La propuesta en términos generales, busca el pleno goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades comprendidas en las leyes nacionales e internacionales sobre derechos humanos”, en tanto las mujeres son sujetas del derecho a no ser discriminadas, a ser valoradas y educadas sin modelos estereotipados, prácticas sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o subordinación de las mujeres”.

En la actualidad, son 9 los países en Latinoamérica que han aprobado dicha Ley, entre ellos Costa Rica, Panamá, Venezuela, Honduras y Nicaragua.Buscar por todos los medios que haya un verdadero reconocimiento de los derechos humanos en su conjunto, llámense económicos, políticos, culturales, laborales, de educación, salud, medio ambiente y derecho a la paz, significa que no ha habido un impacto positivo en la progresividad de los mismos, sino al contrario “una regresión en el ejercicio y goce de los derechos mencionados”, como agrega el informe, flexibilidad laboral: tendencias y casos.

En ese sentido, es necesario que haya desde el Estado Salvadoreño, un mayor compromiso en cuanto a hacer cumplir los convenios y tratados suscritos y ratificados en materia de derechos humanos. Urge además, de un mayor compromiso por parte del estado en hacer que las diferentes instituciones hagan valer lo que en cada uno de los convenios y tratados está escrito, de lo contrario las personas continuarán siendo víctimas de violaciones a sus derechos.

Por otra parte, es necesario leer y conocer sobre los derechos humanos, que permitan a cada una de las personas ampliar su formación e identificar cuándo se está frente a una violación de los derechos, de lo contrario, se vuelve una práctica cultural y por supuesto patriarcal.

Patriarcal porque en la medida que no haya cambios en la forma de pensar, seguirá predominando lo masculino sobre lo femenino, el grupo mayormente explotado a nivel laboral, personal y económico, etc.

Los avances en cuanto a cumplimiento de los derechos laborales y humanos, pasa necesariamente porque las personas perciban cuándo se está frente a una violación de los derechos humanos y visualicen además que violentar los derechos laborales es violentar los derechos humanos.

A nivel universitario

Como parte de la administración pública, la Universidad de El Salvador debe observar y tutelar también estos derechos, sobre todo si se toma en cuenta que su visión es “ser una universidad pública de presencia nacional, con capacidad de incidencia y propuesta frente a los problemas del país en el eje del desarrollo, equidad, paz y educación…”.

La Universidad como parte de la estructura social, debe garantizar que exista entre su personal una justa y equitativa nivelación salarial entre hombres y mujeres cuando realizan las mismas actividades laborales, es decir, que no es posible que un hombre obtenga un mayor salario que una mujer cuando ambos desempeñan las mismas funciones.

Al respecto, la Licenciada Marlene Lozano, Directora del Centro de Estudios de Género de la UES dice, que compete a las autoridades universitarias, como parte del Estado, garantizar que trabajadoras y trabajadores de la Universidad de El Salvador tengan igualdad de trato, “ya que presupone el derecho a las mismas condiciones sociales, de remuneración, seguridad y condición de trabajo, tanto para mujeres como para hombres”.

Por otro lado está el superar la discriminación. Basta ver cuántas mujeres están en puestos de dirección en relación a los hombres. Un ejemplo claro, es que de doce facultades que tiene la Universidad, solo una es dirigida por mujer, la Facultad de Medicina, a cargo de la Doctora Fátima Valle de Zúñiga.

En ese sentido, dice Ana Silvia Ortiz Gómez, del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la UES, hace falta una política que fortalezca el liderazgo de las mujeres universitarias, ya que aún cuando hay espacios de opiniones, “las mujeres muy poco llegamos y si llegamos nuestras opiniones no son tomadas en cuenta a la hora de generar políticas académicas y administrativas y el punto no es la falta de capacidad, insisto, es la falta de una política encaminada a fortalecer el liderazgo de las mujeres”.

En términos generales y desde mi experiencia como investigadora y trabajadora de esta universidad dice Ana Silvia, “considero que no hay una política universitaria laboral destinada a favorecer las condiciones de las mujeres trabajadoras”.

Pero claro, eso pasa por hacer un diagnóstico de las condiciones laborales “en que nos insertamos las mujeres trabajadoras de esta Universidad y en función de eso hacer un diagnostico de las necesidades que la Universidad como centro laboral tendría que estar ofertando a nosotras como mujeres trabajadoras”.

Tomando en cuenta que somos las mujeres las más afectadas, “nos toca a nosotras las mujeres universitarias hacer conciencia de eso y al mismo tiempo, hacer estrategias entre las mujeres trabajadoras de esta universidad, administrativas, docentes e investigadoras y ver dónde estamos y en qué condiciones laborales estamos”.

A nivel universitario hay diferentes esfuerzos en intentar visibilizar esta problemática, muestra de ello la creación del Centro de Estudios de Género, así como la aprobación de la Política de Equidad de Género de la Universidad de El Salvador.

En ese sentido, el llamado es a toda la comunidad universitaria, a conocer el documento y utilizarlo como un instrumento reivindicativo y así lograr que hombres y mujeres estén en condiciones de respeto y equidad “a fin de erradicar del contexto universitario todas las prácticas discriminatorias hacia las mujeres”, como lo manda la Política de Equidad de Género de la Universidad de El Salvador.